¡Déjà vu! Esa es la sensación que me genera todos los años la celebración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Son sentimientos encontrados, porque quienes nos hemos dedicado profesionalmente a esta materia, entendemos la relevancia que tiene para el país. Sin embargo, lo que realmente se observa, es que cada 26 de abril, un grupo de abogados y expertos enarbolan la bandera de PI (abreviación de propiedad intelectual), a través de columnas de opinión esparcidas en los principales medios de comunicación.
La discusión en torno a la PI se ha vuelto cada día más etérea y filosófica, donde muy pocas personas llegan a comprender su real alcance o relevancia para la vida cotidiana. Es más, hasta hoy trato de explicar a mi familia a que me dedico, ya que incluso el lenguaje que utilizamos está plagado de palabras técnicas y anglicismos, y continúa siendo una tarea difícil. Lamentablemente, se ha elevado la propiedad intelectual como un fin en sí mismo, como la proyección del ser o derechamente para algunos, obtener una patente de invención es como alcanzar el “Nirvana”.
Pero este año nos enfrentamos a un escenario completamente diferente, ya que por primera vez en nuestra historia la propiedad intelectual sale al pizarrón y es objeto de discusión en la convención constitucional. En este sentido, sólo hace un par de semanas los convencionales rechazaron las dos normas propuestas que buscaban regular el derecho de autor y la propiedad industrial. Actualmente, tres nuevas propuestas de normas se han presentado en el pleno de la convención para su discusión. Esperemos que el fruto de esa negociación sea la aprobación de un texto armónico, que responda en materia de PI a las necesidades que tiene Chile respecto a innovación.
¿Es preocupante que la convención rechace las normas de propiedad intelectual? Sería un tremendo retroceso, porque una economía pequeña como la nuestra se vuelve competitiva en la medida que tiene capacidad de innovar en sus procesos productivos y diversificar su matriz productiva. La PI juega un rol protagónico en el avance hacia una sociedad y economía basada en conocimiento, ya que es un mecanismo que genera incentivos para recompensar (equilibradamente) la creatividad, captura mayor riqueza para el país (dado que dejamos de ser sólo exportadores de materias primas) y estimula la inversión extranjera.
No obstante, si queremos posicionar la propiedad intelectual en la nueva constitución, debemos cambiar la estrategia, simplificar su discusión y acercarla a nuestras necesidades y así deje de ser vista como la herramienta jurídica que protege a las grandes compañías.
En síntesis, debemos apuntar a que la nueva constitución garantice el derecho de propiedad intelectual, equilibrando tanto el interés público como el privado. Lo más importante es que responda a nuestros desafíos como país y constituya una herramienta e incentivo fundamental para avanzar hacia un desarrollo económico y social, sostenible, equitativo, inclusivo y digno.
(Por Fernando Venegas. Socio de ZENIT Chile)