Por Fernando Venegas
Sin lugar a dudas la discusión en torno a una ley de trasferencia tecnológica ha sido uno de los temas más debatidos y que menos consenso genera en los distintos actores del ecosistema nacional de innovación.
Quienes creemos que Chile debe avanzar hacia una sociedad y economía más inclusiva y sostenible sabemos que la ciencia y tecnología juegan un rol protagónico, sin embargo, para la mayoría de nuestros compatriotas este no es un tema prioritario, ya que conceptos como innovación basada en ciencia, startups, inteligencia artificial, biotecnología, smart cities, y cientos de otros términos (sobre todo en inglés) que hemos acuñado en el último tiempo, siguen siendo temas de élites que no aterrizan en las necesidades concretas de la ciudadanía.
En este sentido el desafío es grande, ya que no sólo debemos generar ciencia y tecnología de calidad, sino que debemos ser capaces de conectarla con los grandes desafíos socio- productivos del país, tal como ocurrió con el ventilador mecánico desarrollado entre la Universidad de Concepción y Asmar para enfrentar la crisis sanitaria producto del Covid-19.
En la medida que no logremos eso, seguiremos siendo un puñado de personas en una discusión bizantina (que se extenderá por otros 10 años) en torno a la relevancia o no de una ley de transferencia tecnológica para Chile.
¿Es relevante una ley de transferencia tecnológica? Claro que sí, pero no podemos pecar de ingenuos y creer que por el simple hecho de que exista una ley mejoraremos nuestros índices de innovación y transferencia tecnológica al sector socio-productivo.
Si bien generamos ciencia de calidad, pocas veces esta logra transformarse en soluciones innovadoras disponibles para la sociedad y el mercado, por lo que aún tenemos la tarea de generar las condiciones necesarias para que la ciencia y tecnología respondan de mejor manera a las necesidades del país (lo que se conoce como investigación por misión), para que los ciudadanos (o la Señora Juanita, en los términos del ex presidente Lagos) logren percibir la ciencia y tecnología en su vida cotidiana.
Lo interesante es que esta brecha no necesariamente se resuelve mediante una ley, ya que también podría ser abordada desde una política pública bien dirigida e implementada.
Más allá del alcance que puede llegar a tener una ley de transferencia tecnológica, la prioridad es hacernos cargo de aquellas normas específicas que obstaculizan los procesos de transferencia tecnológica. En particular, aquellas que dificultan la creación de emprendimientos de base científico-tecnológicos en universidades públicas; desincentivan la realización de estudios clínicos en el país, debido al elevado estándar de responsabilidad para los desarrolladores de tecnología, o bien, establecen cargas adicionales a la transferencia de tecnologías desarrolladas con financiamiento público.
A pesar de que Chile no cuenta con una ley de transferencia tecnológica, es innegable la evolución que ha tenido el ecosistema, el que comienza a dar sus primeros frutos. Aún tenemos grandes desafíos por delante, por lo que cada paso debe ser analizado cuidadosa y estratégicamente, ya que por muy necesaria que pueda ser una ley de transferencia tecnológica si no la diseñamos bien puede terminar generando el efecto inverso. En ese sentido, ¿nuestro parlamento estará preparado para liderar una discusión de este tipo?